Izquierda Unida (IU) de la Comunidad de Madrid mantiene una deuda de 1,2 millones de euros con el Ministerio de Hacienda por el impago de varios impuestos hasta 2009, tal y como ha reconocido la propia federación a LA RAZÓN.
Según incide, actualmente está negociando las condiciones de la misma y debe realizar un primer depósito de 300.000 euros para que el departamento capitaneado por Cristóbal Montero proceda a su aplazamiento. Cerrar este asunto que llevan arrastrando durante años, se ha convertido ahora, siempre de acuerdo con su versión, en una «prioridad absoluta» y les ha obligado a recurrir a entidades financieras en busca de crédito, ya que las subvenciones públicas y las cuotas que abonan sus afiliados no son suficientes para cubrir este desembolso y sus gastos cotidianos.
La mayor parte de la deuda contraída se debería a que la federación madrileña no pagó durante años las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de sus empleados a Hacienda. Este extremo, según expertos en derecho fiscal consultados por este periódico, es muy fácil de detectar. De hecho, en los casos en los que la empresa –en este supuesto el partido– realiza las retenciones pero no las ingresa, el fraude se descubre en el momento en el que el trabajador realiza su declaración de la renta.
Para quitar hierro a esta deuda pendiente, el brazo de IU en la Comunidad de Madrid resalta que ya ha zanjado la deuda que tenía con la Seguridad Social, que según algunas fuentes ascendía a 1,1 millones de euros, y que ahora paga «correctamente» lo que debe pagar a las distintas administraciones públicas.
Sin embargo, estas «trampas» fiscales podrían no ser las únicas que la formación liderada por Cayo Lara practica a lo largo y ancho del país. Fuentes del propio partido asumen que, aunque la estructura federal está «al corriente de sus pagos», es posible que se produzcan casos como el de Madrid en otras federaciones porque son ellas las que se ocupan de «estos asuntos».
Sorprende que el partido sea consciente de que dentro de su casa puede haber quien no pague correctamente sus impuestos, cuando su coordinador federal ha convertido la lucha contra el fraude fiscal en uno de sus principales argumentos de batalla y aprovecha cualquier tribuna pública para arremeter contra los evasores. Así lo demostró en una entrevista en la Cadena Ser el pasado mes de abril, en la que aseguró que «ningún Gobierno ha querido hincar el diente al fraude fiscal», o en su intervención en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación, durante la que reclamó que se combatiese «sin contemplaciones» esta práctica, sobre todo de grandes empresas y evasores.
La posibilidad de que los propios partidos evadan impuestos es una cuestión que ha hecho correr ríos de tinta durante la última semana, después de las declaraciones de Montoro en la sesión de control en el Congreso. Al ser preguntado por sus palabras sobre las obligaciones fiscales de algunos actores, el ministro de Hacienda dejó entrever que algunos políticos podrían no estar pagando todos los impuestos que deben. «Lo deberían entender todos, todos los adversarios políticos y todos los grupos donde fielmente deberían pagar también sus impuestos, porque todos tenemos que pagar fielmente los impuestos con la Hacienda pública», indicó mientras miraba a la bancada socialista.
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