La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid imputa un delito contra la ordenación del territorio al alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera Rivera, por lo que pide tres años de prisión y la agravante de prevalerse de cargo público para la comisión del delito. La acusación particular, ejercida por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, colaboradora de Ecologistas en Acción, solicita la pena de cuatro años de prisión, e inhabilitación para profesión u oficio, así como para el ejercicio de la actividad pública
Después de nueve años y salvados todos los recursos interpuestos por el imputado, Carlos Rivera Rivera -a la sazón alcalde de Torremocha del Jarama y secretario de al menos 7 municipios y 6 mancomunidades de la Sierra Norte de Madrid- el procedimiento ha alcanzado la fase de escritos de acusación, previa al juicio oral, lo que se conoce como procedimiento abreviado.
En esta fase se conocen los escritos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular que vienen a pedir 3 y 4 años de prisión, respectivamente, por considerar como agravante que Carlos Rivera Rivera, se prevaliera de sus cargos públicos, para la comisión del delito de construcción en dominio público de vías pecuarias, en Torrelaguna y Torremocha de Jarama. Además la Fiscalía de Medio Ambiente pide, al imputado, una fianza de 80.000 euros y la acusación particular 100.000 euros como aval para las medidas reparadoras de demolición y restauración del medio natural.
El imputado, como Presidente del Consorcio "Los Tomillares", urbanización que se construyó de forma ilegal en la década de los años ochenta, transformó varias vías pecuarias que atraviesan la zona en calles y accesos de la urbanización. Así procedió a urbanizar, asfaltar, abordillar, construir diversas casetas y depósitos, sin autorización para la utilización del dominio público, en la Cañada de las Calerizas, la Colada de San Sebastián y la también colada del Chifladero.
Estos hechos sucedieron en 2001, un año antes de que la zona sufriera un grave incendio forestal. Los Agentes Forestales de la zona denunciaron estas actuaciones, en diversas actas de inspección, ante la Comunidad de Madrid, y posteriormente ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Torrelaguna.
El rechazo reiterado, por parte de la Audiencia Provincial, de los numerosos recursos interpuestos por el imputado, ha venido dando la razón a la acusación aarticular. La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya decidió mantener el procedimiento pese a las dificultades que se ha encontrado con las tácticas dilatorias que han retrasado nueve años el procedimiento.
Ecologistas en Acción viene colaborando y apoyando estas acciones y se siente representada en este procedimiento, animando a una pronta finalización y a una resolución condenatoria.
Más información: Juan Manuel López 687402325 (abogado)
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