DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Planteamiento general

Hace 10 años surgió en Seattle el llamado movimiento antiglobalización, que realmente fue una respuesta a la falta de democracia política y económica que caracteriza a la sociedad actual en todos los rincones del planeta. La principal causa es la planificación mundial de la actividad económica siguiendo los intereses de una minoría privilegiada, formada por las grandes corporaciones empresariales y financieras, coaligadas con la casta política dominante, a la que apoyan económicamente con la finalidad de monopolizar el poder.

El resultado de este maridaje del poder empresarial, político y financiera, es que los centros de decisión se han separado de la ciudadanía. Las necesidades y preferencias de los ciudadanos de un país cualquiera no son determinantes para los dirigentes políticos, que siguen siendo dirigentes, pero han dejado de ser representantes. Wall Street tiene mucho más peso para las decisiones de éstos que el mandato popular.

Si mañana un líder político decidiera llevar a cabo un programa verdaderamente ambicioso de reformas sociales a favor de las clases populares, sabemos cuál sería la primera consecuencia: los capitales financieros huirían al instante, amparados en la desregulación del sistema financiero internacional, que hace extremadamente sencilla la fuga de capitales. Además, ese gobernante lo tendría muy difícil para conseguir financiación por parte de las entidades bancarias, que inmediatamente le restringirían el crédito. Tampoco podría pedir fondos al FMI o al Banco Mundial, que siempre exigen medidas draconianas en el sentido de mayor liberalización, privatización y desregulación.

En este contexto, queda claro que es totalmente imposible hablar de auténtica democracia. Por esta razón se hace indispensable promover un movimiento social que recupere la democracia para los ciudadanos. El nombre que he puesto a este proyecto es Democracia 21 porque creo que este debe ser el reto de este siglo, que ha visto fracasar la democracia representativa, y debe caminar hacia nuevas formas de democracia participativa.

Es necesario que este movimiento corrija un terrible fallo histórico que ha caracterizado a demasiadas iniciativas populares, que han desligado frecuentemente los derechos políticos de los económicos. Esta es la trampa que ha provocado que numerosos programas de reformas, profundamente ambiciosos de partida, se quedaran en nada. Esto pasó en Sudáfrica con el Freedom Charter del partido de Mandela, o en Polonia con el movimiento Solidaridad, y en otra escala con los templados programas socialdemócratas europeos, que al final siempre han terminado condicionados por el sistema económico liberal.

Es además la hora de romper una asociación de términos impuesta por la cultura intelectual imperante. Una asociación que no deja de ser aberrante: la democracia y el libre mercado. La democracia es lo que debe ser libre, y el mercado es tan sólo una estructura más dentro de la actividad económica. La economía significa gestionar recursos para satisfacer las necesidades de la población. Economía no tiene que significar comercio necesariamente. La democracia en cambio siempre tiene que significar libertad en el sentido de verdadero poder de decisión de la gente sobre los asuntos públicos.

Democracia participativa

Cada cuatro años se nos dice a los ciudadanos que somos los protagonistas de la democracia y se nos llama a ejercer ese protagonismo en las urnas. Pasado el sagrado momento del voto, el ciudadano ya no cuenta. Ha delegado su soberanía popular en otras personas pertenecientes a una casta política profesional. Personas a las que probablemente no llegue a conocer en su vida, cuando menos a interpelar.

Si entendemos democracia por algo más dotar al estado de un sistema de delegación política que periódicamente celebra elecciones para renovar los mandatos, tenemos que concluir que no vivimos en una auténtica democracia. Al menos no en su forma radical, en el sentido de ir a la raíz del término, que significa que el pueblo tiene el poder. Si tiene el poder, lo tiene todos los días, y lo debe ejercer todos los días.

Una primera consideración básica es que el ciudadano sólo podrá ser el actor decisivo si el poder se descentraliza y baja hasta el ciudadano. Se hace imprescindible por tanto que el núcleo de la actividad política deje de ser el estado centralista y la región para pasar a situarse en el municipio, que es la administración más cercana por definición.

El estado y la región han de servir como elementos de cohesión social, en el sentido de servir de agentes correctores de las desigualdades entre municipios y entre regiones, ayudando más a quien más lo necesita según principios redistributivos de la riqueza. Estos mismos principios también deben guiar al municipio, que además debe servir de puente con los ciudadanos.

Los municipios deben dotarse de presupuestos participativos amplios que abarquen aspectos esenciales, y no meramente anecdóticos, de la gestión pública. En todo caso, la decisión del pueblo tiene que guiar las líneas políticas esenciales en asuntos como las infraestructuras públicas básicas (hospitales, colegios, guarderías, residencias, transporte) y la orientación del gasto social. Para ello hay que desarrollar mecanismos de consulta, tanto digitales, a través de Internet, como presenciales, con referendos siempre vinculantes.

Si hablamos de grandes municipios con juntas de distrito, estas juntas deben estar compuestas por cargos nombrados directamente por la población de dicho distrito, y no por el alcalde, y deben ser además juntas con competencias reales, también sobre materias que realmente interesen a la ciudadanía.

Otro asunto determinante es el poder de fiscalización del pueblo sobre la actividad del gobernante. Un primer paso es que el miembro de un partido sea designado previamente por las bases de la formación para estar en una lista electoral. Lista electoral que deberá ser siempre abierta.

También hay que habilitar mecanismos para que, en el caso de que el representante haya incurrido en alguna ilegalidad, y así sea dictaminado por sentencia judicial firme, se le pueda obligar a dejar su acta. Y en el caso de que la ciudadanía esté descontenta con su gestión, sin tener que mediar necesariamente ninguna actuación ilegal, y sin tener que haber agotado tampoco la legislatura, debería ser viable la convocatoria de un referéndum en el que se decida sobre su continuidad o su destitución.

Todo esto descansa en otro principio político básico: una democracia de concepción tan radical es incompatible con una forma de estado en la que una familia detente por derecho de nacimiento la jefatura de ese estado. En una democracia real, el único soberano es el pueblo. El rey no puede ser electo ni revocado por el pueblo, y por tanto no debe ser partícipe de un sistema como este. Defendemos un sistema republicano popular, federal y radicalmente democrático.

Democracia económica

El mercado es una institución social, y como en toda institución social, se generan en su seno relaciones de poder, económicas y no económicas. La globalización neoliberal se caracteriza por ser el cauce de unas relaciones de poder extremadamente desiguales. Esta es la razón de que países cuya población se muere de hambre exporten alimentos. También es la causa de que los agricultores se arruinen debido a que los precios en origen de sus productos les impiden cubrir costes, al mismo tiempo que los intermediarios obtienen unas ganancias fabulosas a costa de los consumidores.

Si los actores económicos más poderosos operan a escala transnacional, como es el caso de las corporaciones empresariales, hay que exigir a los estados la implantación de formas de fiscalización de las actividades económicas a nivel internacional. Mecanismos de control y de arbitraje que no deben continuar en manos de la Organización Mundial del Comercio, entidad dominada por estos mismos intereses de las transnacionales, sino que deben descansar en un sistema de las Naciones Unidas reformado para que represente a todas las economías del mundo, dotado además de una capacidad de sanción efectiva.

El criterio que debe guiar a estos mecanismos de control parte de la escena internacional para acabar en lo local, llevando a la práctica el principio de “piensa globalmente, actúa localmente”. Los recursos que posea un determinado pueblo deben estar al servicio del desarrollo de ese pueblo. Si esto no sucede de dicha manera, hay que intervenir. No es lícito, por ejemplo, que para un país como el Congo sea una condena y no una bendición el disponer de las mayores reservas de coltan del mundo.

El escenario local debe ser la base de la actividad económica, siempre siguiendo criterios social-solidarios. Se trata de terminar con las grandes distancias entre los centros de producción y de consumo. Esas distancias son ineficientes desde el punto de vista energético, al ser necesario un gran gasto en el transporte de las mercancías, proceso que aparece ligado tanto a la supremacía de los intermediarios como a la subida de los alimentos básicos originada por el consumo de petróleo. Otro factor asociado es la especulación con las materias primas básicas en los mercados financieros internacionales.

Frente a este escenario, producto de la globalización económica, la economía local y solidaria tiene múltiples ventajas. Si el eje de la actividad es el municipio, se eliminan los excesivos gastos de transporte y por tanto se reduce el combustible necesario y las emisiones que produce la quema de ese combustible. También se elimina la figura del intermediario, permitiendo que la actividad económica sea realmente libre y esté regida por los intereses de productores y consumidores libres.

Si analizamos la estructura interna desde el punto de vista del productor, la economía social solidaria apuesta por las estructuras cooperativas que permitan el control de las empresas por parte de sus propios trabajadores. Todo el beneficio que se obtenga estará ligado por tanto al rendimiento de la actividad productiva, y no a la especulación financiera a expensas de la misma. Así se eliminan además los altos sueldos y los bonus percibidos por los ejecutivos empresariales. Esta clase social sólo opera para aumentar lo que se llama “el valor del accionista”, es decir, para que las acciones suban cada vez más y se obtengan más y más beneficios. Dicha filosofía exige la reducción de costes de la actividad productiva, que acaba trasladada en gran parte a la región más subdesarrollada del planeta, lo cual genera empleo precario y desempleo a gran escala en los países ricos y la explotación esclava e infrahumana de las personas y los recursos en los países pobres. Estas políticas deben ser desterradas, y por tanto la figura de la alta dirección corporativa tiene que desparecer para apostar por las empresas controladas y administradas por sus propios trabajadores.

Siguiendo con el razonamiento anterior, la economía globalizada también está inevitablemente ligada al fenómeno del consumismo, ya que los poderosos agentes transnacionales han desviado la producción de sus mercancías a los lugares del planeta en los que es más barato producir. De este modo se consiguen precios baratos y resulta más factible comprar muchos más productos con menos dinero. Que para ello sea necesario explotar mano de obra esclava y los recursos naturales de otros países es lo de menos. Lo importante es que el consumidor occidental dispongan de una gama de productos de consumo cada vez mayor, e identifique su personalidad con las elecciones que realiza en el mercado de consumo, merced a la manipulación ejercida por los medios de comunicación de masas y la publicidad.

La economía local regida por criterios social solidarios se ciñe en cambio a las necesidades reales de la población, ya que en primer lugar emplea los recursos propios, y sólo importa las materias primas que realmente necesita. Materias primas que serán más caras, pero que tendrán un precio realmente justo que garantice que no serán explotadas las personas y los territorios de procedencia de esos recursos. Las relaciones comerciales entre países y entre regiones deben seguir estos criterios de comercio justo para conseguir un desarrollo que de nuevo parte de lo internacional para llegar a lo local.

Llevar a la práctica este modelo de desarrollo supone abandonar el dogma del crecimiento ilimitado de actividad económica En una primera fase inicial, esto se podría llamar decrecimiento. Aunque si estamos hablando de la sustitución de lo cuantitativo por lo cualitativo, tenemos que concluir que el decrecimiento es una transición hacia otro modelo económico nuevo que antepone el desarrollo integral de las sociedades al crecimiento basado sólo en criterios economicistas.

Cómo se articularía la defensa de este modelo

Para trasladar todos estos valores a la ciudadanía, es necesario hacérselos fácil de entender, por un lado, y por otro hay que intentar ganarse el apoyo de plataformas y organizaciones que ya están de una u otra manera en estas luchas.

Es primer lugar, debemos construir, a ser posible codo con codo con las entidades interesadas, un centro de difusión de estas ideas a gran escala. Hay que crear una plataforma que sea visible y cuyos mensajes sean comprensibles y atractivos para los grandes medios de comunicación de masas. Se trata de ganar la batalla ideológica, campo en el que se ha impuesto el dogma neoliberal de forma tan clara debido a que la derecha sí ha entendido la necesidad de apostar por la promoción de las ideas. Las grandes fundaciones de estudios políticos y de difusión de ideas son de derechas, fenómeno que se puede apreciar claramente en EE. UU, donde existe todo un enorme entramado de fundaciones y asociaciones dedicadas a esta labor, y que son financiadas por los grandes poderes políticos y corporativos (recomiendo leer “El Pensamiento Secuestrado” de Susan George, vicepresidenta de ATTAC, para profundizar más en esta cuestión).

En cambio, la izquierda nunca entendió esto de financiar ideas. Lo del intelectual orgánico de Gramsci no parece haber fraguado en terreno propio, sino más bien en el del enemigo. En los últimos tiempos parece que se ha rectificado algo esta tendencia, pero su presencia en este ámbito sigue siendo bastante templada, y actualmente sigue sin ser comparable, por poner un ejemplo, la labor que FAES desempeña en el PP con la que desarrolla la Fundación de Caldera en el PSOE.

También es básica la presencia en la calle con campañas y acciones. La acción al fin y al cabo no es más que una manera de llevar a la práctica la ideología. Una buena manera es contactar con las entidades interesadas en sumarse. Las asociaciones de la economía social (REAS, CEPES, COCETA) y las plataformas que apuestan por la participación ciudadana, como SomosMadrid y los movimientos sociales en general, también pueden ser un apoyo. Y por supuesto, los movimientos antiglobalizadores y los sectores republicanos también se pueden sentir identificados. Con todos ellos se pueden idear no una, sino muchas campañas con fuerza para movilizar a la opinión publica.

Es por tanto factible tejer un movimiento social transversal que llegue a múltiples espacios, como partidos políticos, sindicatos y otros movimientos sociales, siempre que sepamos configurar claramente las líneas básicas del proyecto y también la manera en que vamos a comunicarlo, tanto a nuestros potenciales aliados como a la sociedad en general.